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PREGUNTAS FRECUENTES

Las personas que son aprehendidas por la policía tienen derecho a un abogado defensor y, en caso de que no pueda pagar, el estado le proporcionará uno gratuito a través de la Defensoría de Oficio. A ser informador del hecho que se le acusa, así como a conocer la identidad de quien realiza el arresto, no se presentado públicamente, no declarar contra sí mismo y a comunicarse inmediatamente con una persona de su elección y con su abogado.
Es aquella persona que se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad.
Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá conducirla inmediatamente ante la Fiscalía. En caso de que la detención la efectúe un particular, debe conducir al aprehendido ante cualquier autoridad policiaca o directamente a alguna Unidad de la Fiscalía.
El imputado será juzgado antes de cuatro meses si se eventualmente se tratara de un delito cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.
Es una decisión adoptada por un Juez de Control, a petición de la Fiscalía, por medio de la cual afecta derechos fundamentales de un procesado, cuando advierte que, de los antecedentes y de la información con que se cuenta, se pueda inferir que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga.

La medida se impone siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: Que sea necesaria para evitar que el procesado obstruya la justicia; que el imputado constituya un peligro para la sociedad o para la víctima o que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso.
Conducir las funciones de la investigación de los delitos, de la seguridad pública, mantener el orden y la paz pública; del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
El juez es la máxima autoridad de un tribunal de justicia, cuya principal función es la de administrar justicia, en caso que se presente ante él una controversia entre dos personas, así como definir el futuro de un acusado por determinado crimen o delito, para lo cual deberá someter a juicio las pruebas o evidencias reunidas, para declararlo culpable o inocente, según corresponda.
Son los mecanismos que buscan el arreglo o solución al conflicto surgido entre las personas, sin que haya intervención de los órganos jurisdiccionales.
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa.
No todos los asuntos tendrán que llegar a un juicio oral; pues en delitos de poco impacto social existen vías alternas para resolver de forma rápida, además de la reparación del daño a la víctima y la efectiva reinserción del delincuente a la sociedad, sin recurrir necesariamente a la prisión. Quien vaya a juicio como imputado o víctima, le serán respetados plenamente sus derechos.
Con el juicio oral, es factible que cada una de las partes integre debidamente una carpeta de investigación donde se eliminan las interpretaciones y juicios personales y sólo se juzga a través de los hechos. En el juicio oral el juez de sentencia tiende a ser imparcial porque la primera vez que oye a las partes es el día de la audiencia de juicio oral. Además, es importante mencionar que el juez de sentencia no es el mismo juez que toma decisiones sobre la prisión preventiva (juez de garantía) y conduce el juicio públicamente frente a las partes.
La víctima tiene derecho a protección contra actos de intimidación y represalia para sí y para su familia antes, durante y después de los procedimientos, y solicitarla al juez para la defensa también de sus bienes, a impugnar omisiones o resoluciones, así como respeto a la dignidad, respeto a la dignidad y protección de la información de su vida privada y datos personales, derecho a la restricción de la publicidad de las audiencias por motivos de protección.
El Estado debe brindar a la víctima -por el simple hecho de tener ese carácter- los canales adecuados para acceder a una justicia pronta y retributiva del daño sufrido, ya que el nuevo sistema contempla como requisito esencial la reparación del daño, con medidas como mecanismos alternativos de solución de controversias y acuerdos reparatorios entre otros. De ahí la importancia de que se brinde un trato profesional, adecuado, digno, respetuoso y con una observación irrestricta a los derechos humanos.
La reparación del daño debe darse en forma expedita, proporcional y justa y comprender la afectación sufrida por la víctima en su integridad física, así como el daño moral. El resarcimiento de los daños comprende igualmente, el de los perjuicios o ganancias lícitas que no se percibieron por efecto del delito, y otros conceptos que veremos un poco más adelante.