El gobernador del estado Francisco Domínguez Servién encabezó la ceremonia de instalación de la Comisión para la consolidación y evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del estado de Querétaro, la cual habrá de revisar y, en su caso, validar los indicadores entregados por la Secretaría de Gobierno, en cuanto a la operación del Sistema en su primer año.
Dicha comisión -en la cual el gobernador funge como presidente- se conforma por autoridades representantes de las instituciones de los tres poderes del estado, y órganos constitucionales autónomos como la Fiscalía General y la Defensoría de los Derechos Humanos.
El mandatario estatal destacó que el trabajo de la Comisión será perfeccionar la operación del Sistema, corregir fallas, superar desafíos e impulsar la coordinación como eje del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
“Vamos a recorrer este camino junto a las ciudadanas y ciudadanos. Esa es la relevancia de la tarea asumida por las y los integrantes de esta Comisión de Consolidación, a quienes reconozco plenamente. Su trabajo será transitar hacia un camino más largo y de mayor alcance para que la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sea una realidad presente en la vida de las y los queretanos”, dijo.
El secretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres Granados Torres dio a conocer que la Comisión deberá revisar 90 indicadores de modelos de gestión institucional, más otros 215 indicadores que miden la práctica concreta de los operadores.
“Los indicadores que hemos elaborado se refieren solamente a la operación institucional, nuestro reto es que con la consulta ciudadana construyamos los indicadores de calidad basados en la confianza y credibilidad del sistema a partir del grado de satisfacción de la ciudadanía”, expresó.
Aseguró que a un año de la operación del modelo -cumplidos el pasado 30 de mayo- el reto es la consolidación y transparencia; y aseguró que en Querétaro sí hay justicia oral: “con la verdad sustentada en números y evidencia diversa podemos mostrar que hay debido proceso, juicio justo, atención a la víctima, defensa adecuada, medios alternativos de solución de conflictos y procuración de justicia eficiente”.
Subrayó que actualmente se atiende la carga de trabajo total con 46 personas menos, en comparación con el sistema tradicional; con seis juzgadores, organizados por dos unidades de gestión, quienes han tramitado 204 audiencias mensuales, 51 semanales, con un promedio de 7.2 audiencias al día.
Refirió que en el caso de atención a víctimas, fueron atendidas dos mil 716 personas en un tiempo promedio de 60 minutos en cada uno de los servicios de psicología, trabajo social y medicina; y solamente en el 7.5% de los casos se requirió canalizar a las diversas instancias del sistema estatal de protección a víctimas.
Destacó que la organización de la institución encargada de la procuración de justicia gira en torno de la persona, no del hecho delictivo.
“El siguiente proceso es el de garantizar la defensa de calidad asegurando el trato digno a la persona imputada de la comisión de un delito, garantizar su libertad y la oportunidad de defenderse técnica y adecuadamente en cualquier etapa del procedimiento. Por eso, nuestros defensores públicos tienen una entrevista de diagnóstico de 30 minutos, a partir de la cual su estrategia es que en los casos asignados, deben tener el menor número de intervenciones posibles para concluirlos”, señaló.
Durante la ceremonia se presentó a Elda Molina Álvarez como secretaria ejecutiva de la Comisión, la cual está integrada por: la magistrada María Consuelo Rosillo Garfias, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno en el estado; Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado; el diputado Luis Antonio Rangel Méndez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LVIII Legislatura del Estado; Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos en el Estado; Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado y Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad; así como por José Armando Ontiveros Zaragoza, secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad.
