El Mtro. Salvador Arvizu Galván, coordinador del Modelo de Defensoría Penal Pública y Subrogada (MDPPS), actualmente se desempeña como coordinador del Modelo de Defensoría Penal Pública y Subrogada del Sistema de Justicia Oral Querétaro, así como director de dicho Instituto en el Estado.
A partir de su experiencia y trayectoria, nos relató –en una breve entrevista- las características que distinguen al Modelo de Defensoría Penal Pública y Subrogada de las acciones que desempeñan en sistemas que operan en otras entidades federativas, además resaltó la importancia que tiene la labor de un abogado defensor en el Sistema de Justicia.
A continuación, la entrevista:
1.- ¿Qué es el Modelo de Defensoría Penal Pública?
R.- El Modelo de Defensoría Penal Pública es el que garantiza a las personas imputadas, en cualquier etapa del procedimiento penal sus derechos humanos para hacerlos efectivos.
2.- ¿Por qué hay que subrogar la Defensoría Penal Pública?
R.- La figura de la Subrogación busca un tema de inclusión a los Colegios, a las Barras, a los Abogados que recientemente han egresado de las universidades, para que practiquen el Sistema de Justicia Penal. La Subrogación no es otra cosa que la posibilidad que un abogado privado puede representar a un imputado que ha puesto la confianza en el Instituto de la Defensoría Penal Pública para que lo represente.
De esta manera, un abogado privado debe de pasar un proceso de capacitación, de evaluación y de certificación, para que pueda representar a un imputado. Tras lo anterior, los Colegios, las Barras, los Abogados que recientemente han egresado, pueden encontrar un apoyo a la sociedad, un apoyo además en su eficacia, en el ejercicio profesional y desde luego coadyuvar con la socialización del modelo.
3.- ¿Quién tiene derecho a un abogado defensor?
R.- Todas las personas que tengan el carácter de imputado, tienen el derecho constitucional, convencional y desde luego, derivado de la norma ordinaria, a que se le asigne un Defensor Penal Público desde el momento mismo, incluso, de su detención.
4.- ¿En qué se distingue el MDPPS de lo se viene realizando en otros estados?
R.- Es importante comentar que la característica principal del Modelo Querétaro, de este modelo, de la Defensa Penal Pública y Subrogada es, precisamente, la certificación, que es derivada de un órgano ciudadano que se llama Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho, desde aquí se generan las políticas públicas para la subrogación, que no es otra cosa que un abogado privado pueda representar a un imputado que ha puesto su confianza en la Defensoría Penal Pública, para que este lo represente.
Después de un proceso muy arduo, de capacitación, de evaluación y certificación, de esta manera garantizamos que la calidad de la defensa de este abogado que ejerza respecto de este justiciable sea la adecuada.
Básicamente puedo decir que el Modelo Querétaro se distingue en el mapa nacional por la vigencia de la ciudadanización, de los criterios de políticas públicas en materia de transparencia, evaluación permanente, certificación por un órgano de expertos: Colegios, Barras, Académicos, Universidades y desde luego el Poder Público –Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial- para que ese imputado cuente con la condición, cuente con las garantías, cuente con la protección constitucional de sus derechos.
5.- ¿Qué función tiene la Comisión Evaluadora y por quién está integrado?
R.- La Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista de Derecho se compone por tres integrantes fundamentales: el Poder Público representado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial; los Académicos representados por los directores de derecho más importantes en el estado, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Anáhuac y la Universidad del Valle de México y por lo que ve a los Abogados Postulantes, este órgano se compone por el representante del Colegio de Abogados Litigantes, el Colegio de Abogados Penalistas para el estado de Querétaro, así como por la Barra Queretana de Abogados.
Esta composición, además, la integra un secretario Ejecutivo, que es un servidor y parte de las facultades de esta Comisión Evaluadora es generar las políticas públicas para cumplir los cometidos de la defensa técnica adecuada y de calidad, aprueban los programas curriculares, la asignación de casos y desde luego todo el programa relativo a la capacitación, la evaluación y la certificación de los abogados, para cumplir con el estándar internacional de defensa adecuada.
6.- ¿A qué se refieren cuando dicen que un defensor pone la calidad en el debate?
R.- En este sistema de enjuiciamiento es importante la capacitación, la capacitación a partir del “método del caso” posibilita que toda esta persona que haya vivido este proceso de formación profesional, bajo el esquema del análisis del caso, bajo el análisis del método Harvard encuentre ya sea la fortaleza en un tema jurídico, en un tema fáctico o en un tema probatorio, esto nos va llevar a que el argumento que encuentre sea el mejor para convencer al juzgador, sea el mejor que elija el defensor para establecer la condición en el debate, por eso se dice que la calidad del debate lo pone el mismo defensor.
7.- ¿Qué características debe tener un abogado para ser un defensor público que opere el Modelo Querétaro?
El abogado defensor del Modelo Querétaro tiene tres características importantes: Virtud, Cualidad y Habilidad. Virtud, la prudencia; Cualidad, la pertinencia; Habilidad, técnicas de negociación y litigación oral. Básicamente son esas tres cualidades que debe tener o que tiene un abogado defensor en el Modelo Querétaro
El coordinador Arvizu Galván apuntó que actualmente se encuentran en el periodo de consolidación, para lo cual, integraron ocho indicadores del Modelo y 50 indicadores de Operador, lo que –en la actualidad- permite generar un proceso de evaluación, con miras a cumplir el estándar constitucional de la defensa.
De igual forma, aseguró que todo el proceso de formación profesional que tiene un abogado defensor en el Modelo Querétaro garantiza la eficacia de los derechos humanos de las personas imputadas que, junto con la certificación y ciudadanización de las políticas públicas del Instituto y del Modelo, generan transparencia y mayor calidad en la justicia.
