Justicia y Seguridad en la sociedad del conocimiento

El desarrollo de tecnologías de la información y comunicación es el tratamiento automatizado y automático de información que se traduce en una gama de servicios y aplicaciones transmitidos por las redes de telecomunicaciones. El valor de la modernidad informática es la capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y cálculos de alta complejidad en fracciones de segundo, estamos en el proceso de construcción tecnológica, que enriquecerá como nunca en la historia de la humanidad los procesos del conocimiento; una inteligencia cognitiva con un potencial inconmensurable por la información que generan todos los dispositivos conectados con y en prácticamente todo el mundo. Toda esta información debería de servir para resolver los problemas que hacen que la calidad de vida vuelva realidad lo esperado. Que entre las personas, y especialmente entre los gobiernos y los ciudadanos, podamos mejorar la comunicación de uno a uno, es algo de lo más deseable. Hoy nos comunicamos de uno con todos, desconocidos, abstractos, irreales. Las tecnologías deberían servir para relacionarnos mejor, consolidar nuestra humanidad, no aislarla. En la sociedad de la información, mi problema a plantear es cómo la justicia y la seguridad pueden a través de los desarrollos informáticos consolidar el estado de derecho convirtiéndose en una herramienta que reafirme los nuevos paradigmas constitucionales de estas funciones estaduales, mejorando la comunicación, el acceso a la información, materializando derechos fundamentales, transparentando el actuar de las autoridades, mejorando las relaciones entre estos y los ciudadanos y lo más importante, establecer mecanismos de participación para que interactúen en dos campos históricamente vedados al conocimiento general de la gente. La solución es, sin duda, que el desarrollo de tecnologías se convierta en una política pública gubernamental, como se hace en el gobierno de Francisco Domínguez Servíen, en el Estado de Querétaro. Con la aplicación de las distintas herramientas de las ciencias sociales, en particular del desarrollo organizacional, construimos nuestra experiencia en el uso de las tic´s, para resolver un problema concreto: que los mandatos constitucionales en seguridad y justicia sean realidad concreta. Estas dos funciones, históricamente, son las funciones que justifican la existencia del estado, son indelegables, no pueden ser concesionadas o permitidas a los particulares. Se trata de la magnitud del estado en la vida cotidiana de los ciudadanos; en la medida que el nuevo sistema de justicia oral se consolide, en esa medida la gobernabilidad estará garantizada y será factor de los procesos de desarrollo local relacionados con la certeza y seguridad jurídica. El sistema de justicia funcionó estructuralmente durante 200 años; el mismo diseño institucional impedía la materialización de derechos fundamentales como acceso a la justicia efectiva, debido proceso y defensa penal adecuada. Toda la información que generó este sistema en 200 años, se encuentra oculta en montañas de papeles, inadvertida, sepultada. No hay estudios profundos derivados de esa actividad del estado, nunca se generó un sistema de información donde la sociedad supiera cómo resolvían los jueces y el impacto de sus criterios en el orden social. De hecho, el sistema anterior murió sin ser conocido, dejando una huella de imperio de una legalidad que validó el status quo y abonó a mantener más allá de lo esperado un sistema de justicia que aún se niega a evolucionar. No sabemos gran cosa y es difícil que suceda a pesar de los millones de datos e información que en dos centurias los tribunales integraron. Cada resolución era un conocimiento jurídico y el conjunto de estas, de ser analizado, hubiese dejado un saber que replicado daría reflexión y evolución para la transformación social. Ahora, el nuevo sistema penal, cuyo camino inició en junio del 2008, tiene un reto esencial para fortalecer su consolidación. Obtener la mayor cantidad de información como herramienta de conocimiento generada en la operación de cada día del sistema por los fiscales, policías, jueces y demás operadores y usar ese saber colectivo, especializado, para mejorar la práctica, para hacer mejores normas y lograr una justicia más humana, más cercana y sensible a las necesidades de la gente. Pero, cómo obtener esa información. No se trata de que los jueces usen las computadores o los servidores y desarrollen aplicativos para procesar datos; de hecho, desde hace más de 40 años los tribunales automatizaron muchos de sus procesos internos de orden administrativo, pero hasta el momento no existe información real del funcionamiento jurisdiccional y la manera como cumple su función social. La reforma de justicia debe ser el parteaguas histórico para que el uso de sistemas de información permita un análisis sistémico sobre el hacer cotidiano, para generar métodos proyectivos, para corregir y diseñar herramientas técnicas de procesamiento de información, para ser más eficientes organizacionalmente, pero sobre todo, mejorar los servicios del usuario y que el contacto con la autoridad sea una experiencia de servicio eficiente. La voluntad política del Gobernador, dispuso la integración de un equipo interinstitucional que desarrollo el modelo de operación Cosmos, bajo cuyo enfoque sistémico e integral la actividad de operadores de los sistemas de seguridad y justicia se desarolla eficientemente en el Estado de Querétaro. La implementación del modelo tuvo serios problemas. El primero, y menos esperado, siempre presente, pero poco advertido, fue el distinto nivel y código de entendimiento. El lenguaje en los desarrolladores de tic’s y los operadores de gobierno con frecuencia se convierte en una Torre de Babel. Se habla de lo mismo, pero no en el mismo idioma profesional. Los operadores, cuando opinan a los desarrolladores, plantean límites a la potencia de los desarrollos tecnológicos, particularmente en aquellas áreas que pueden automatizar las experiencias concretas del ciudadano. La razón esencial es que desconocen las capacidades de manejar volúmenes de datos pues su visión y necesidades son de procesos lineales, aislados, no integrados, ni integradores, producto de la práctica cotidiana del uno a uno. Incluso los operadores jurídicos se definen por los alcances de la norma, pre establecida y delimitada. Por su parte, con frecuencia, los desarrollares terminan por hacer sistemas para las organizaciones basados en procesos ideales de eficiencia que exigen del operador un comportamiento robotizado que el sistema impone. El resultado es, si me permiten la analogía, como sí se hiciera una armadura en prototipo y a la cual cada cuerpo debe ajustarse por igual. En la experiencia del modelo de gestión Cosmos, la participación de expertos en las áreas sustantivas y de desarrollo, partió de un conocimiento mutuo de las experiencias y prácticas, tuvimos un proceso necesario de entendimiento del lenguaje propio y la construcción de cierta terminología que nos provocaba el entendimiento común. A partir de la norma constitucional, definimos por tanto, tres conceptos operativos: Deber ser. Con reformas a la ley, se asignó un mínimo de capacidades institucionales previstas en las respectivas normativas para que cada operador tenga claro, en la disposición legal, qué es lo que debe de hacer para cumplir con una norma constitucional. Saber hacer. Con la capacitación o en su caso, la formación, los operadores reciben los conocimientos y habilidades que su tramo de operación les exige, asegurando que sus capacidades sean las suficientes para desempeñar determinada función con eficiencia y eficacia. Desarrollo informático. Con sistemas basados en la práctica cotidiana se establecen procedimientos estandarizados que el operador reconoce por ser familiares, refuerzan sus comportamientos cotidianos y simplifican los pasos de supervisión administrativa, ya que el propio sistema al ser utilizado registra el comportamiento para su posterior evaluación y seguimiento. Pero llegar a este tercer paso, que en la referencia utilizada implica que la armadura se haga como molde al usuario de tal modo que sea justa y funcional, requiere de un trabajo técnico de campo donde el uso de diversas herramientas de disciplinas de las ciencias sociales son fundamentales. Nuestro modelo consta de 10 elementos que integran el sistema de justicia, cada uno responde a las diversas funciones constitucionales, con un diseño fractal, se replican estas tres líneas estratégicas: capacitación, marco jurídico y desarrollo de tecnologías. Voy a referirme a una de las aplicaciones que más distingue nuestro modelo por su desarrollo tecnológico. El artículo 21 dice en su párrafo primero: La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Este mandato, se inscribe por primera vez en nuestra centenaria constitución y da a los policías del país de cualquier nivel de gobierno la facultad de investigar el delito. Por su parte el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que: Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas; Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación; Y la misma disposición se repite en el distinto artículo 217 que dice que: Registro de los actos de investigación. El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Por último el artículo 223, párrafo segundo, del mismo ordenamiento nacional, es claro al detallar que: En el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se levantará un registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que se haga de la misma, lo firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. La experiencia nacional nos dejaba un conocimiento práctico, principalmente de nuestra policía municipal, su nivel de escolaridad apenas alcanza un estándar máximo de estudios de preparatoria incompleta, con poca habilidad de lectoescritura y deficiente conocimiento de las normas jurídicas que describen el delito. Pero la disposición constitucional, reforzada por la legal, tiene como prioridad incentivar la denuncia, pues este acto garantiza el acceso a la justicia penal y por ello la necesidad de que los policías en su condición de primeros respondientes pueden y deben activar el sistema punitivo recibiendo la denuncia oral e iniciando con esta la investigación policial. Durante tres meses, trabajamos en el campo un grupo de informáticos, policías, abogados, peritos, conociendo paso a paso las condiciones de la calle, los requerimientos de los denunciantes, el comportamiento de los policías y encontramos que en la zona metropolitana de Querétaro, con más de un millón doscientos mil habitantes, con una de las mejores coberturas de internet en el país y cerca del 70 por ciento de usuarios conectados; los ciudadanos víctimas de un robo, no denunciaban porque no se querían trasladar a las agencias del ministerio público, ni sufrir los retrasos por horas que habían escuchado se daban, para ser atendidos. La evaluación estadística reveló que el 48% de las víctimas de un delito en la metrópoli era por robo, con autor desconocido. Además, si alguien sufría un robo y denunciaba, nunca más volvía a saber qué pasaba con su denuncia. Pues bien, unidos con el mismo lenguaje en un trabajo interinstitucional, logramos integrar un ítem de preguntas validadas por expertos y con los lineamientos legales cuyas respuestas daban el registro exigido por la ley, en el robo más simple con 14 preguntas y el más elaborado con 89. Con este registro, en un dispositivo electrónico de Tablet, el policía en el lugar de los hechos o donde se encuentre la víctima o denunciante, de manera oral, toma los datos necesarios legalmente para conformar una denuncia. Hasta el momento se han recabado 26 mil denuncias con las tablet en dos años de práctica. Muchas de ellas han servido para aplicar la ley a los responsables, desde acuerdos reparatorios, juicios abreviados donde se consensua la pena entre defensores y fiscales, hasta las sentencias condenatorias avaladas por los tribunales federales. En dos años, tenemos un incremento estable de denuncias del 34%. No hay más delito, hay más denuncia, porque se ofrece a los ciudadanos un acceso más fácil, seguro y cómodo para la justicia penal. Por la tableta, inicia una gran carretera informática que une a todos los operadores del sistema de justicia, con los tramos de función que legalmente le competen y los mecanismos de seguridad virtual correspondientes. Activada la denuncia en la calle, un operador esencial es el Fiscal Decisor, que monitorea en tiempo real la llegada de la información, revisa y corrige, complementa y distribuye los diversos servicios de atención donde se ocupan otros operadores: el fiscal que continuara la investigación; en su caso, cuando hay detenidos, los defensores públicos; los asesores de víctimas, los operadores de las unidades de medidas cautelares (UMECAS), los jueces y por supuesto, si con la denuncia no hay datos para una investigación inmediata, el propio sistema está diseñado para reconocer diferentes elementos cognitivos que permiten administrar información para el análisis de casos por la policía en unidades de investigación táctica de la Fiscalía y la Policía Estatal. La primera ha judicializado muchos de los casos que al ser denunciados no se conocían a sus autores; en tanto la policía estatal ha mejorado sus dispositivos de operación policial y la geo intervención de programas de prevención del delito y cohesión social. En pocos meses, uno de los proyectos más importantes para la seguridad y el desarrollo social del Gobernador Francisco Domínguez, entrará en operación: nuestra versión de c5, para nosotros Complejo Querétaro (cQ), que funcionará con un tejido de fibra óptica en el 82% del Estado y el resto por vía de antenas en la zona serrana; con desarrollo propio, la mejor tecnología del mercado y unidades de análisis que tendrán la capacitación para trabajar grandes volúmenes de información, incluso en tiempo real. El despliegue tecnológico para los espacios públicos superará la dimensión de la vigilancia presencial, mejorará la respuesta al ciudadano y pondrá información en línea para la toma de decisiones. El cQ, será un ejercicio institucionalizado, acorde a las políticas determinadas por el Gobernador constitucional, en principio, con un marco jurídico que sustenta la operación del complejo más allá de su gestión gubernamental; para ello la selección del personal y su capacitación por competencias es un trabajo toral y el diseño de nuevos desarrollos tecnológicos que le den visibilidad a la operación: un programa de justicia administrativa donde los policías municipales podrán reportar a las áreas de equipamiento urbano de su competencia los aspectos que inciden en la percepción negativa de los ciudadanos; el fortalecimiento de las unidades de análisis de las policías estatal, municipal y de investigación; la multi operatividad que permite la fibra óptica para servicios de educación, salud, financieros, desarrollo social, turismo, etc. y la mejora de la respuesta inmediata del 911, al lograr previsibilidad de las zonas de mayor número de eventos con un mejor despliegue táctico policial y de los servicios de emergencia. Lo más importante, queremos tener la información de seguridad y justicia disponible para los ciudadanos, así como para los expertos e investigadores que estén interesados en que el conocimiento que encierra nuestro desarrollo de tecnologías pueda servir para mejorar la seguridad, la administración de justicia y sobre todo generar experiencias de buen servicio en el ciudadano. Tenemos claro que el desarrollo de tecnologías, no solamente es una herramienta que hace fácil el trabajo de las instituciones, que administra volúmenes impresionantes de información para la toma de decisiones estratégicas, que construye tableros de control de la gestión administrativa; ahora, como política pública impactará en el desarrollo social pues por primera vez en la historia de la seguridad y justicia, aportará un saber histórico que impactará necesariamente en la forma de hacer seguridad e impartir la justicia en nuestras comunidades. La evolución del derecho y su práctica, la misma aplicación de la ley debe esperar dinámicas de cambio constante, de poca latencia. Podemos esperar que en poco tiempo los desarrollos informáticos produzcan una gran interacción social, un activismo ciudadano por el pleno ejercicio de sus derechos en justicia y seguridad. Esto, sin duda, hará que las instituciones evolucionen y mejoren su actuar en tan delicada función del estado, la que le da su razón de ser.