Cosmos El Origen

Después de las elecciones del domingo 7 de julio del año 2015, el Gobernador Electo Francisco Domínguez Servién, comenzó los trabajos de diseño de su futuro gobierno para dar cumplimiento a las más sentidas demandas de los queretanos.

A partir de los últimos días de dicho mes me encomendó el diseño del proyecto de implementación de la llamada tercera gradualidad del sistema acusatorio oral en el Estado de Querétaro, con lo que nuestra entidad quedaría integrada, en los términos de los transitorios constitucionales, a la nueva justicia acusatoria en el país.
Realizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de las dos implementaciones previas, y el mejor estudio posible de los resultados obtenidos en otras entidades con el modelo nacional que delineaba las directrices más importantes de la gestión institucional, fue la primera tarea.

Los hallazgos en los quince municipios de Querétaro donde funcionaba el sistema acusatorio eran poco halagüeños, pues si bien los órganos de procuración y administración de justicia casi duplicaron el número de personal que operaba en los cinco distritos judiciales en el sistema anterior; en el lapso de quince meses, el modelo aplicado con nueve jueces, sólo arrojó una audiencia de juicio; en la zona se cometieron homicidios, violaciones y demás delitos de prisión oficiosa que no hacían posible salidas alternas, pero hubo pocos juicios abreviados, de tal manera que llegar a quince meses de actuación con una sola audiencia, solo representa un retraso que se magnificaba en los tiempos de las audiencias, pues las de control duraban más de cuatro horas.

La Fiscalía incremento su rezago de carpetas de investigación en más del 50%, la policía municipal dejó de realizar detenciones (como ejemplo, la policía de San Juan del Río disminuyó 48% sus presentaciones ante las fiscalías de detenidos en flagrancia), los procesos de medios alternativos de solución de conflictos no concluían en arreglos, sino en devoluciones a las fiscalías, los sistemas informáticos de las instituciones involucradas estaban aislados y sin conexión alguna. El mayor logro compartido entre las instituciones, la capacitación, arrojaba resultados en la operación de poca habilidad y conocimiento de las tareas que cada operador tenía que realizar. A la inoperante actuación se sumaban las infuncionales instalaciones, la falta de normatividad y nula coordinación interinstitucional, por no decir del poco interés de los responsables de la implementación.
En un lapso de dos meses aproximadamente, se presentó al Gobernador Electo un informe que mostraba una clara tendencia: si se aplicaba el modelo de operación de las dos gradualidades anteriores, el resultado sería el mismo, incremento de impunidad, deficientes resultados y deslegitimación del sistema acusatorio, además del uso poco productivo del recurso público.

El problema de fondo era procesar un diseño institucional probadamente fracasado en la práctica, ya que por decreto del legislador, la ultima gradualidad debía iniciar en septiembre del 2015, a escasos días de la entrada de la nueva administración gubernamental.

La decisión del Gobernador Electo fue plantear a la Dra. María de los Angeles Fromow, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio Oral en el país (SETEC), la posibilidad de que el plazo de inicio de la última gradualidad se postergara; escuchando su asesoría y con la gestión ante el Congreso del Estado, fue posible que se emitiera un nuevo decreto que estableció que el sistema acusatorio diera inicio ocho meses después, el 30 de mayo del 2016.

Con esta oportunidad de tiempo, siguió el trabajo de un equipo que ya se había integrado en ese entonces; los pioneros fueron el Maestro Alejandro Echeverría Cornejo, Dra. Mariela Ponce Villa, Lic. Humberto Pérez González, Dr. Ambrosio Ochoa Olvera, Lic. Javier Arellano Sánchez, Lic. Margarita Luna Téllez Girón, Ing. Pedro Toscuento González, coordinados por mi persona.

El punto de partida fue la definición del Gobernador Francisco Domínguez Servién para que los queretanos tuvieran una Justicia Oral, sin pretextos. El diseño y la planificación del nuevo modelo de implementación tenían como objetivo claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumpliera en cada caso sometido al conocimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia del Estado de Querétaro.

Por eso, la concepción heurística resultaba adecuada para encontrar en la mayor simplicidad el método que debíamos construir para nuestro contexto en los escasos ocho meses de sobretiempo logrado por la soberanía legislativa. La revisión de las experiencias de otros estados y de las dos gradualidades en el nuestro, mostró -en su generalidad- el uso de asesoramientos de despachos de consultores, de ejercicios propios de los operadores de las entidades con el acompañamiento de otros con práctica más antigua en estados con inicios más tempranos y el acompañamiento técnico de SETEC.

En estas experiencias encontramos que los consultores no conocían los contextos sociales, ni la cultura organizacional de las instituciones de cada entidad; por otro lado, los acompañamientos de los más expertos no consideraban la dimensión global del sistema acusatorio oral, que no se trata solamente de crear una experiencia de gestión de salas de audiencia o para operadores preparados para el debate, con policías actuando en la escena de los hechos pensando que acudirían en cada caso ante un juez a dar testimonio de primer respondiente, o centrado exclusivamente en los procesos de mediación, por no decir de las capacitaciones generales con pretensión de estandarizar la operación de todos los operadores. El sistema acusatorio oral en materia penal, está íntimamente determinado por correlaciones constantes y frecuentes con el sistema de seguridad pública, al punto de que la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, sustenta la visión única y simultánea del Estado Mexicano sobre la seguridad y justicia del país.