Conclusiones del Tercer Congreso COSMOS Justicia Penal y Derechos Humanos

Querétaro, Qro., 28 de febrero y 1 de marzo, 2019. Con la asistencia de 13 panelistas, 7 conferencistas y las simulaciones de los procedimientos de tomas de denuncia por policías estatales y municipales del Estado de Querétaro, y entrevistas para determinar acciones de seguimiento por la autoridad responsable de supervisar las medidas cautelares y audiencias judiciales, las conclusiones del III Congreso Cosmos, Justicia Acusatoria Oral y Derechos Humanos, son las siguientes: El Sistema de Justicia Acusatorio Oral debe ser una política integral del Estado mexicano, cuya solidez permita la consolidación del estado de derecho. Es necesario reformular la descripción del proceso penal acusatorio para lograr que la comunicación con la ciudadanía sea más clara sobre sus objetivos y no se confunda con la seguridad pública. Este es un esfuerzo que debe sumar a todas las instituciones que operan el Sistema Penal Acusatorio en las entidades, al Gobierno Federal, medios de comunicación y los diversos sectores de la sociedad civil. La herramienta fundamental contra la impunidad es el Sistema de Justicia Penal; las causas y factores de la seguridad pública corresponden a otras funciones del Estado. El Sistema de Justicia Penal garantiza la eficacia de la persecución penal, los derechos humanos del imputado y la atención digna e integral a las víctimas del delito. Con la reforma procesal penal, existe un avance en cuanto al contenido; sin embargo, existen evidencias de una orientación a un retroceso institucional, en cuanto a la aplicación y cumplimiento de las normas. La contrarreforma no está centrada en variar el marco legal, sino en una perspectiva que modifica la lógica del sistema de orden garantista y donde las libertades y derechos de los ciudadanos se resuelven en cada caso particular por la autoridad judicial; el respeto a los derechos humanos de víctimas y ofendidos del delito se garantiza con las decisiones de jueces independientes conforme a las condiciones factuales, normativas y la ponderación de cada caso. El Sistema Penal debe considerar el desarrollo de indicadores para medir y evaluar los resultados. Esta es una condición necesaria para lograr su legitimación. La evaluación efectiva será posible cuando la justicia penal sea considerada desde un enfoque sistémico y una actuación institucional de forma integral. Para esto, se propone la creación de una instancia que asegure la evaluación permanente de la gestión operativa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en las entidades federativas. Esta instancia de conocimiento del sistema de justicia, garantizaría la coordinación interinstitucional, ya que la protección del derecho fundamental de acceso a la Justicia Penal, no es responsabilidad exclusiva de los tribunales, es un Derecho Humano que debe estar protegido con el actuar del funcionario público, así como en la normativa de las instituciones. En el estado de Querétaro, el enfoque sistémico e integral está garantizado por La Ley que crea la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, publicada el 03 de octubre de 2018. Constituye la primer Ley en el país que establece una instancia de coordinación entre las autoridades e instituciones que participan en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. La Ley respeta la soberanía, autonomía e independencia de los Poderes estatales, órganos constitucionales autónomos y demás instituciones que integran la comisión, ya que como instancia de coordinación no sustituye las funciones y atribuciones que constitucionalmente corresponden a las autoridades que la conforman. El sistema de justicia, al promover la denuncia, prioriza la prevención del delito. Cuando se incrementan las denuncias, hay más acceso a la justicia y se otorga a la víctima la posibilidad de exigir su materialidad en la situación concreta. Una buena práctica realizada en el estado de Querétaro, es la recepción de denuncias por vía de tabletas electrónicas que, mediante un desarrollo de tecnologías propio, recaba el registro en el lugar de los hechos o donde se encuentre la víctima y permite que toda la información siga un proceso de análisis para los fines de prevención e investigación del delito, al tiempo que permite la interacción con el resto de los operadores del sistema, según las condiciones y necesidades del caso. El incremento de los casos judicializados por la vía de la investigación es un referente de análisis. El Sistema de Justicia Penal involucra tanto a las autoridades como a la sociedad civil; y su fin, no debe encuadrarse exclusivamente en el cumplimiento de la ley, sino enfocarse en la persona y la garantía de sus derechos humanos, para que la ciudadanía vea plasmada la compensación por aquellos daños causados por el delito. Además del reto pendiente en la profesionalización de los operadores del sistema de justicia, es necesario fortalecer a cada uno con la solidez de sus capacidades institucionales y el desarrollo de tecnologías. Las experiencias de éxito en el contexto nacional, deben ser compartidas en espacios técnicos creados para esos efectos. El liderazgo de la Federación es invaluable para lograr estos encuentros. El reto para el Estado mexicano es lograr un plan estratégico que dé certeza sobre el rumbo de la justicia penal en el país. Debemos partir de las mejores prácticas y generar un liderazgo con la creación de un órgano de coordinación que garantice el equilibrio constitucional entre las instituciones partícipes del sistema penal acusatorio. La sistematización de los procesos y la integralidad de la actuación interinstitucional, se puede sustentar en la revisión de la capacitación de los operadores para que ésta sea adecuada, así como el desarrollo de tecnologías necesarias, en conjunto con el cuidado en la creación de reformas legislativas que no tengan como fin dar marcha atrás a la esencia del sistema acusatorio.