Tiene a su cargo la elaboración de estudios, propuestas, así como revisión de acciones a través de la especialización, profesionalización y certificación de operadores, a efecto de garantizar servicios de defensoría penal pública técnica, adecuada y de calidad, para la persona con el carácter de requerida, imputada, acusada o sentenciada, en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DESCIPCIÓNA través del modelo de Defensoría Penal Pública integró dos figuras innovadoras en el mapa nacional: La Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho, así como la Subrogación, que es única en su tipo a nivel nacional, generando un vínculo con los abogados litigantes privados.
La subrogación se traduce en la posibilidad de que un licenciado en Derecho, represente jurídicamente a una persona imputada por la Fiscalía en un proceso penal de corte acusatorio, previo una evaluación de conocimientos en la materia, un proceso de capacitación impartido por Fiscales, Defensores Penales Públicos y Jueces del Modelo de Justicia Querétaro como instructores en el esquema de formación profesional.
INTEGRANTES- a. Un representante del Poder Judicial.
- b. Un representante de la Fiscalía General del Estado.
- c. El Director del Instituto de la Defensoría Penal Pública del Estado de Querétaro.
El Modelo Operativo de la Defensa Penal Subrogada, centra su objetivo en que las personas sujetas a un procedimiento penal en el carácter de imputados, reciban la asistencia de la defensa penal pública, de manera adecuada y técnica, por personal con servicio profesional de carrera que garantice la calidad de la asistencia jurídica y el derecho humano efectivo del debido proceso y juicio justo.
El modelo fue diseñado a partir de los mantos constitucionales, con la creación en ley del Instituto de la Defensoría Penal Pública, como un órgano especializado en este función, que desarrolle el servicio profesional de carrera y mantenga las condiciones laborales con equilibrio frente a los operadores de la Fiscalia General del Estado.
Mediante una metologia desarrollada con nuestra propia experiencia, la defensoría penal pública garantiza que toda persona que se encuentre detenida o tenga cita o comparecencia ante un fiscal o juzgador en carácter de imputado en cualquier etapa del procedimiento penal, cuente con asistencia jurídica para la defensa de sus derechos fundamentales.
El modelo, generó la innovadora gestión de recursos humanos mediante la subrogación del servicio en defensores particulares, quienes son seleccionados por un riguroso procedimiento de capacitación y ,posteriormente , de selección, para cumplir con la subrogación.
En este procedimiento, regulado con la norma administrativa, el consejo técnico para la evaluación de capacidades profesionales, integrado de manera tripartita por el Instituto de la Defensoría Penal Pública, tres colegios y asociaciones de abogados y las tres facultades de Derecho de las universidades con mayor presencia en el estado, hace el diseño y realiza la capacitación y selección de los postulantes, a quienes se les asigna el caso que debe ser supervisado por un mando intermedio del Instituto. El comité realiza de igual modo la evaluación de la actuación del postulante a quien se le cubren sus honorarios conforme a los precios de mercado.
Otorga representación y asesoría en materia penal de manera técnica, adecuada y gratuita.
A las personas que se encuentran sujetas a un procedimiento penal por la supuesta participación o ejecución de un delito.