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El Modelo de Justicia Penal Querétaro, aporta el diseño de Defensoría Penal Pública y Subrogada, al Sistema de Justicia Penal Mexicano, propuesta vanguardista, dado que es aquí donde surge la participación ciudadana (académicos y gremios de postulantes) con autoridades, trabajando activamente a favor del acceso a la justicia como derecho humano del que goza cualquier imputado o acusado.
Es por medio de la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho, ente ciudadano que diseña los criterios de formación profesional, evaluación y certificación del defensor penal público y del subrogado, con el cual se dota de transparencia el servicio de defensa penal pública queretano. De esta manera, la transferencia del conocimiento del abogado defensor penal público al abogado subrogado a través de la capacitación, potencializa la eficacia del ejercicio profesional de defensa en un proceso penal acusatorio.
La subrogación se traduce en la posibilidad de que un Licenciado en Derecho, represente jurídicamente a una persona imputada por la Fiscalía en un proceso penal de corte acusatorio, previo una evaluación de conocimientos en la materia, un proceso de capacitación impartido por Fiscales, Defensores Penales Públicos y Jueces del Modelo de Justicia Querétaro como instructores en el esquema de formación profesional; la Comisión aprueba el proceso académico, su evaluación, y en su caso, el mandato de certificar al profesionista del derecho; certificación que resulta un requisito indispensable en términos de ley, para acceder a un caso subrogado.
La figura de la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho, así como la Subrogación del servicio de la defensa penal pública, representan una versión moderna y de avanzada en un Estado Democrático de Derecho; aportación que se propone en la agenda nacional, para poder replicarse y adoptarse con una visión incluyente, atento a los “Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica, en los sistemas de justicia penal” de Diciembre de 2012, celebrada en Nueva York”.
La transformación que vive el Servicio de defensa penal pública bajo el Modelo de Justicia Penal Querétaro, en el plano de estructura y fortalecimiento institucional, así como en la profesionalización del defensor en el sistema acusatorio, es una realidad. La capacitación, es un eje principal, y al serlo, los edificios con los que opera el Instituto, fueron diseñados y construidos en la presente administración del Gobernador Francisco Domínguez Servién, para “formar” por competencias profesionales, -“la práctica en la práctica”-, las instalaciones del Modelo, cuentan con espacios de capacitación, salas de preparación de casos, salas de audiencia, donde se entrena de manera permanente y constante al defensor.
Los 5 edificios que tiene el Instituto en el Estado, cuentan con tecnologías de comunicación electrónica, dotando a cada uno de los defensores penales públicos con equipamiento computacional fijo y portátil para desempeñar su trabajo de manera eficiente en unidades de Fiscalía, MASC y ante tribunales. Con la reforma constitucional de 18 de Junio de 2008, obligó a los Estados, a garantizar servicios de defensa pública, técnica y de calidad, pues no basta hoy con ser Licenciado en derecho con cédula profesional, sino que, la nueva forma de desempeñar el ejercicio de la defensa es mediante el sistema de audiencias, y en mecanismos de justicia restaurativa; exige nuevas formas, habilidades y destrezas en el desempeño de la función del abogado defensor.
El modelo Querétaro, en el eje de capacitación, precisamente visualiza esta necesidad, la selección de perfiles psicológicos, la asignación de plazas, lo es atendiendo a su perfil profesional. Así, con la puesta en marcha del Modelo Querétaro “el defensor de oficio” quedó en el ayer al igual que las inercias del sistema mixto, que por su naturaleza permitía la suplencia de la deficiencia de la queja, la desigualdad de armas, de capacidades técnicas e incluso, podía ser defensor un pasante de derecho, según la propia codificación procesal local queretana, y hasta existía la figura de “persona de confianza” del imputado en la Constitución mexicana vigente en aquel momento.
El modelo de gestión de nuestro arquetipo, se ajusta a las exigencias internacionales, constitucionales y legales, la calidad del debate es principio rector del ejercicio profesional, el servicio de defensa penal pública se brinda con profesionalismo, desde su imagen personal, dignificación de salario, disciplina, especialización (Negociadora, argumentativa y de litigación) por etapa del procedimiento, para atender la pretensión específica de manera adecuada en función de la necesidad del caso planteado, en el menor tiempo posible.
Al día de hoy, el Modelo de Defensa Penal Pública y Subrogada, representa alrededor del 90% de los casos penales en el Estado, el modelo de gestión con el que se opera, permite que se resuelvan los asuntos en un 87% hasta el tercer momento procesal (Fase de Investigación inicial, Unidades MASC, audiencia inicial), ni el 1% termina en juicio oral, y sólo alrededor del 4% se encuentra en trámite, en cabal observancia a los 8 indicadores de Modelo y 50 de Operador, que rigen su desempeño; el modelaje con el que se opera, permite tener criterios de eficacia y eficiencia, cumpliendo con los estándares de defensa técnica, adecuada y de calidad, en función del derecho humano al debido proceso y juicio justo.
El 4 de Mayo de 2018, se instituyó fecha histórica para el Estado de Querétaro y nuestro País, por la aportación innovadora al sistema de justicia nacional por el Modelo Querétaro, dado que en la 12ª sesión de la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho, estando presentes como testigos de honor, el representante del Poder Ejecutivo, y Presidente de la citada Comisión, Maestro Juan Martin Granados Torres, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Doctora Ma. Consuelo Rosillo Garfias y el Rector de la Universidad Anáhuac Maestro Luis Eduardo Alverde Montemayor, los académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Anáhuac y la Universidad del Valle de México, los presidentes de los colegios y barra de abogados, postulantes, estudiantes, atestiguaron la firma de los primeros 6 contratos de subrogación; acto histórico, que implica la honrosa oportunidad de representar jurídicamente la defensa de los derechos humanos de una persona imputada o acusada por la Fiscalía General del Estado.
En el Modelo Querétaro, la Capacitación del profesionista del derecho, constituye la vía correcta para garantizar el acceso a la justicia como derecho humano de la persona imputada o acusada, constituyendo la subrogación una evolución en el desempeño profesional del Abogado, ante el requerimiento Internacional, Constitucional y legal de defensa técnica, adecuada y de calidad.
De esta manera, el Modelo de Justicia Querétaro aporta al sistema nacional de justicia penal dos instituciones jurídicas:
a) la Comisión Evaluadora de Capacidades Técnicas y Ética del Profesionista del Derecho, y b) la Subrogación del servicio de defensa penal pública, como propuesta vanguardista y de avanzada en el fortalecimiento a los sistemas de defensoría pública en el País, pues la profesionalización de abogados litigantes vía subrogación, la certificación de conocimientos en el ejercicio técnico de la defensa, implica necesariamente acceder al cumplimiento del principio de “igualdad de armas”, en tanto a capacidades técnicas frente al acusador, ello, como elemento rector del debido proceso, eficientando a favor del imputado o acusado los derechos humanos de acceso a la justicia, defensa técnica, adecuada y de calidad. Así, en palabras del Maestro Juan Martín Granados Torres en su participación en tal magno evento ”... la subrogación, es un ejercicio compartido de cumplimiento de la Constitución, de acompañamiento del Estado al gremio de profesionales, para garantizar que existan los juristas aptos para dar protección jurídica a la ciudadanía ...”.
Para concluir, el Modelo de Justicia Penal Querétaro, en la defensa penal pública subrogada, constituye una propuesta de modernización eficiente del servicio, calidad en la justicia, transparencia, profesionalización, certificación de conocimientos, sana competencia y generación de oportunidades en el desempeño profesional, socialización del sistema penal acusatorio, vinculación y participación ciudadana, con nula carga social, todos estos elementos importantes que permean en la sociedad como principal beneficiario de los servicios de justicia penal en el Estado de Querétaro.
Por: Salvador Arvizu Galván
Director del Instituto de Defensoría Penal Pública y Coordinador del Modelo de Defensoría Penal Pública y Subrogada
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